El Gobierno prepara nuevas herramientas para contener la morosidad y apunta a mejorar la información sobre los préstamos

El Gobierno nacional comenzó a delinear distintas respuestas frente al aumento de la morosidad en los créditos. Por un lado, el Banco Central prevé habilitar desde la próxima semana el sistema de Cobros por Transferencia, que permitirá a bancos y proveedores no financieros debitar cuotas impagas con autorización previa del cliente. En paralelo, la administración nacional analiza medidas para reforzar la información sobre las condiciones de endeudamiento, en un contexto en el que la mora afecta a casi 6 millones de personas y las tasas y costos financieros se convirtieron en parte central de la discusión.

La nueva herramienta del Banco Central había sido establecida mediante una normativa difundida en marzo y las entidades financieras y fintech tenían plazo hasta el lunes 31 de agosto para adecuar sus sistemas. El mecanismo apunta a facilitar el cobro de las cuotas correspondientes a nuevos préstamos mediante transferencias desde las cuentas en las que se hubieran acreditado los fondos.

Según había explicado el organismo al presentar la medida, el objetivo es "ofrecer una solución moderna y superadora, con un enfoque riguroso en la prevención del fraude" para el cobro de las obligaciones crediticias. El esquema reemplaza, en los hechos, mecanismos utilizados anteriormente con esa finalidad, como el débito inmediato.

El sistema de Cobros por Transferencia sólo podrá aplicarse a préstamos nuevos y requerirá una autorización previa del tomador del crédito. Esa conformidad podrá ser revocada en cualquier momento y la baja deberá tener efecto inmediato.

Además, las cuotas deberán mantenerse fijas e iguales durante toda la vigencia del préstamo y no podrán representar más del 30% de los ingresos del cliente, una condición establecida por el Banco Central "para evitar el sobreendeudamiento".

La operatoria contempla, por ejemplo, que una persona obtenga un préstamo de una entidad y solicite que el dinero sea acreditado en una cuenta de otra institución. Si posteriormente se registra un atraso, el prestamista podrá intentar cobrar la cuota desde la cuenta en la que se depositaron originalmente los fondos.

Las entidades deberán informar al cliente con un día de anticipación la realización del débito. También tendrán un límite para intentar el cobro: una operación inicial y hasta dos reintentos, a las 48 y 96 horas.

Sin embargo, a pocos días de su implementación, el mecanismo genera interrogantes dentro del sector financiero. Bancos y fintech solicitaron, a través de sus cámaras, una prórroga y posteriormente plantearon la posibilidad de suspender su puesta en marcha, ante cuestiones técnicas que, según indicaron, aún restaban resolver.

De todos modos, la normativa no obligaría a las entidades a ofrecer esta modalidad dentro de sus propios préstamos. Lo que deben garantizar es la disponibilidad de los sistemas para que otras entidades puedan conectarse y efectuar los cobros autorizados sobre las cuentas de sus clientes.

Entre las dudas planteadas aparece el alcance efectivo de la herramienta. Una fuente del sector señaló al diario Clarín que "tiene poco alcance el tema, porque solo se pueden cobrar deudas en cuentas donde se depositan los créditos, así que la gran mayoría no lo va a usar, porque no van a querer depositar los créditos en una cuenta de otro".

La regulación también excluye determinados activos de la posibilidad de ser utilizados para cancelar las cuotas, entre ellos los saldos vinculados con cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión y operaciones de dólar MEP. A esto se suma otra discusión: el requisito de que las cuotas sean iguales genera interrogantes respecto de la incorporación de intereses ante eventuales demoras en los pagos.

Desde esa perspectiva, dentro del sector consideran que el instrumento podría tener una utilización más acotada y servir principalmente para mejorar los mecanismos de cobranza de entidades financieras de menor tamaño.

La mora entró en la agenda del Gabinete

El crecimiento del endeudamiento y las dificultades para afrontar los pagos también fueron analizados en una reunión de Gabinete encabezada por el presidente Javier Milei. Allí se abordaron posibles medidas para responder a la situación, aunque dentro del oficialismo se mantiene la posición de evitar un programa generalizado de refinanciación.

Uno de los puntos que comenzó a ganar espacio es la necesidad de reforzar la transparencia sobre las condiciones de los préstamos. La preocupación está relacionada con créditos que, según la información analizada por el Gobierno, pueden exhibir tasas anuales de hasta el 250% y costos financieros totales que, en algunos casos, superan el 1.000%.

En la discusión interna apareció la posibilidad de facilitar la comparación entre las distintas alternativas de financiamiento y de exhibir con mayor claridad cuánto terminará pagando una persona al asumir una deuda. Una fuente que participó de la reunión explicó: "Discutimos sobre transparencia, la idea es que la gente sepa bien qué va a pagar. Hoy te enganchan sin aclararte nada, vas a endeudarte por 50% y terminás pagando 250%. Quedó como un tema a mirar".

La normativa vigente ya establece obligaciones de información para bancos y fintech, tanto a partir de las leyes de Defensa del Consumidor y de Tarjetas de Crédito como de las disposiciones del Banco Central. Sin embargo, persisten cuestionamientos sobre la forma en que se exhiben la tasa de interés y el costo financiero total.

En ese marco, se volvió a poner sobre la mesa la diferencia entre la Tasa Nominal Anual, la Tasa Efectiva Anual y el Costo Financiero Total Efectivo Anual. Mientras la primera expresa una referencia anual sin considerar la capitalización periódica, la segunda incorpora ese efecto. El CFTEA, en tanto, suma otros conceptos asociados al crédito, como seguros, gastos e impuestos.

Entre las medidas ya implementadas figura el programa de refinanciación a 10 años impulsado por el Banco Nación, con una tasa del 31% anual para determinados clientes, inferior a la aplicada en préstamos personales. La iniciativa fue presentada como una posible referencia para otras entidades del sistema.

Según datos de la consultora EcoGo, los bancos refinanciaron deudas a unas 360.000 personas, equivalentes al 5,6% del total de los deudores en situación de mora. Los niveles de incumplimiento, sin embargo, presentan diferencias según el tipo de crédito y de entidad.

En junio, la morosidad de los hogares se ubicó en 12,8%, el mismo nivel registrado en mayo, de acuerdo con datos del Banco Central. La evolución fue heterogénea: mientras los atrasos descendieron en las tarjetas de crédito, aumentaron en los préstamos personales y prendarios.

Dentro del Gobierno se sostuvo que no existe una crisis general del sistema y se rechazó la posibilidad de implementar una refinanciación masiva. La posición oficial quedó sintetizada en la idea de que no corresponde "refinanciar a los 47 millones", una alternativa que el Presidente consideró "injusta e inmoral".

La discusión también se desarrolla en paralelo a iniciativas de la oposición en el Congreso que proponen regular las tasas y otorgar mayores plazos para la cancelación de deudas, con facilidades de hasta 36 meses.

Reclamos por tasas y falta de información

El debate sobre el costo del crédito tomó mayor impulso luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, reconociera la existencia de tasas que consideró "abusivas".

Según los datos consignados, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación registró durante el primer semestre 200 reclamos relacionados con tasas excesivas, hostigamiento a usuarios y falta de información relevante. Entre las denuncias se mencionaron situaciones vinculadas con la omisión de la tasa de interés, la falta de información sobre el Costo Financiero Total, explicaciones consideradas insuficientes y la ausencia de contratos o documentación.

La cuestión también generó intercambios entre representantes de las fintech y autoridades políticas. Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, participó del debate público sobre la forma de informar las tasas, mientras que el gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que investigará los costos aplicados por las empresas financieras tecnológicas y la eventual aplicación de sanciones.

La situación de la morosidad se convirtió así en un tema de creciente peso dentro de la agenda económica. Un informe de GMA Capital indicó que el 12,6% de los votantes de La Libertad Avanza en las legislativas de 2025 había caído en situación de mora.

Con la puesta en marcha del sistema de Cobros por Transferencia y el análisis de posibles medidas para transparentar las condiciones del crédito, el Gobierno busca avanzar sobre dos frentes: mejorar los mecanismos de recuperación de las cuotas y brindar mayor información a quienes toman financiamiento, mientras continúa el seguimiento de la evolución de los incumplimientos y de su impacto sobre el consumo.